La Pampa: una policía deberá pagar $839.000 por la pérdida de su arma reglamentaria

El Tribunal de Cuentas provincial determinó que la agente deberá afrontar el costo de reposición de una pistola Bersa 9 milímetros. Rechazó su pedido de reducción por antigüedad y desgaste del arma, y autorizó el pago en diez cuotas mensuales mediante descuentos salariales.

El Tribunal de Cuentas de La Pampa condenó a una integrante de la Policía provincial a pagar $839.000 por la pérdida de su arma reglamentaria. El organismo consideró que el perjuicio económico ocasionado al Estado debe calcularse en función del valor necesario para adquirir una nueva unidad.

La resolución quedó establecida en la Sentencia N.º 2644, dictada el 18 de septiembre de 2026 y publicada en el último Boletín Oficial de la provincia. El fallo corresponde al expediente N.º 7740/2025 y alcanza a la agente Natalia Maylen Hernández, quien tenía asignada una pistola semiautomática Bersa, modelo TPR9, calibre 9 milímetros, con su respectivo cargador.

El procedimiento se inició a raíz de la desaparición del arma provista para el cumplimiento de sus funciones. Durante la tramitación del juicio de responsabilidad patrimonial, la Jefatura de Policía informó que el valor actualizado para reponer el equipamiento ascendía a $839.000.

La agente pidió una reducción del monto

Durante el proceso, Hernández presentó un descargo en el que cuestionó la suma reclamada y solicitó que se redujera el importe. Entre sus argumentos, sostuvo que al ingresar a la institución policial había abonado el uniforme y los elementos entregados, incluido el arma reglamentaria.

El Tribunal rechazó ese planteo y aclaró que los pagos efectuados por los efectivos al incorporarse a la fuerza no implican que adquieran la propiedad de los bienes provistos. Por ese motivo, el armamento continúa perteneciendo al Estado provincial.

La agente también cuestionó que se tomara como referencia el precio de una pistola nueva, al considerar que debían contemplarse la antigüedad y el desgaste del arma extraviada.

En ese sentido, invocó el principio de proporcionalidad y sostuvo que exigir el costo completo de reposición podía generar un enriquecimiento sin causa para el Estado.

Por qué se calculó el valor de un arma nueva

El Tribunal de Cuentas desestimó también ese argumento. En los fundamentos de la sentencia, explicó que el armamento reglamentario presenta características particulares y no puede equipararse con otros bienes usados que se comercializan libremente.

Según el criterio del organismo, el Estado no puede recurrir a la compra de armas usadas para reemplazar el material policial extraviado. Por lo tanto, consideró que el perjuicio patrimonial debe calcularse sobre la base del costo de adquisición de una nueva unidad que permita restablecer el equipamiento de la fuerza.

Además, remarcó que el juicio de responsabilidad patrimonial tiene una finalidad resarcitoria: recuperar los recursos públicos afectados por la pérdida del bien y restituir el patrimonio estatal.

Pagará la deuda en diez cuotas

Finalmente, el Tribunal formuló un cargo patrimonial contra la agente por la totalidad de los $839.000 reclamados.

Sin embargo, hizo lugar a su solicitud de cancelar la deuda mediante un plan de pagos. La sentencia estableció diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $83.900.

Los importes serán descontados directamente de sus haberes a través de la Contaduría General de la Provincia, hasta completar el monto fijado en la resolución.