Derecho penal juvenil: especialistas analizaron el nuevo régimen y destacaron el enfoque educativo

Durante una jornada realizada en Santa Rosa, especialistas analizaron los cambios introducidos por la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil y remarcaron la importancia de un sistema orientado a la responsabilidad, la resocialización y la reinserción de los adolescentes.

“La lógica del derecho penal juvenil es educativa y no adulcéntrica”, sostuvo el abogado y docente Alejandro Osio durante una jornada de capacitación sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil.

En el mismo sentido, la jueza María Antonella Marchisio señaló que “el sistema penal juvenil no apunta a castigar, sino a resocializar, a que el adolescente se haga responsable y pueda reintegrarse a la sociedad”.

Ambos fueron expositores de una jornada realizada en el auditorio del Centro Judicial de Santa Rosa, destinada a operadores del sistema judicial, en la que se abordaron los principales aspectos de la Ley Nacional 27.801, que estableció un nuevo Régimen Penal Juvenil y redujo, entre otros cambios, la edad de punibilidad de 16 a 14 años.

La actividad contó con la participación de autoridades judiciales, legisladores, jueces, fiscales, defensores, abogados y empleados del Poder Judicial. Además, alrededor de 120 operadores participaron de manera virtual desde distintas provincias, entre ellas Tierra del Fuego, Santa Fe y Misiones.

El rol de las provincias

Durante su exposición, Osio explicó que la Ley 27.801 establece disposiciones de derecho sustantivo, como penas, condiciones de punibilidad y extinción de la acción, pero no regula los procedimientos judiciales en las provincias.

De esta manera, cada jurisdicción debe establecer los mecanismos procesales necesarios para aplicar la normativa nacional, incluyendo aspectos vinculados con el desarrollo de los juicios, los plazos y la producción de pruebas.

En este contexto, se destacó el trabajo realizado por La Pampa, donde el 1 de agosto de 2023 entró en vigencia el nuevo Procedimiento Penal para Adolescentes, establecido por la Ley Provincial 3353.

La normativa provincial tiene como uno de sus ejes la justicia restaurativa, que busca que la resolución de los conflictos en los que intervienen adolescentes se centre en la reparación del daño ocasionado a la víctima y a la comunidad, promoviendo al mismo tiempo que el adolescente tome conciencia de su responsabilidad.

Tras la aprobación de la normativa nacional, la Provincia debió adecuar algunos aspectos de su legislación. Para ello se modificaron artículos de la Ley 3353 y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Un cambio de paradigma

Osio consideró que la aprobación de la nueva legislación representa “un cambio de paradigma”, al pasar de un modelo tutelar a uno basado en la responsabilidad individual.

También hizo hincapié en la importancia del derecho de los adolescentes a ser escuchados y comprendidos dentro del proceso judicial.

“La primera charla que se tiene con un pibe es de traducción, sea imputado, víctima o testigo. Hay que saber explicarle de qué se trata, qué va a pasar y no hacerlo desde el adulcentrismo; es decir, no se lo puede tratar igual que a un adulto”, explicó.

En esa línea, sostuvo que el abordaje debe adaptarse a la edad y a las características de cada adolescente.

“No es lo mismo un adolescente de 14 años, casi un niño, que otro de 17”, remarcó Osio, quien además señaló que, según el dato citado durante la exposición, el 70% de los adultos que pasan por el sistema penal para adultos anteriormente había pasado por el sistema penal juvenil.

El especialista también planteó la necesidad de modificar las formas de comunicación con los adolescentes y sus familias.

“Trabajar con los adolescentes es ir al territorio, comunicar diferente, hablar con la persona, con su familia, con el barrio”, expresó.

Finalmente, Osio señaló que la nueva legislación contempla una asignación presupuestaria para que Nación y las provincias puedan implementar las medidas previstas, entre ellas la incorporación de personal, equipos interdisciplinarios e institutos de detención especializados.

“La Pampa tiene una ley modelo”

Por su parte, Marchisio destacó el trabajo realizado en la provincia y afirmó que “La Pampa tiene una ley modelo” en materia de derecho penal juvenil.

La magistrada remarcó que el sistema debe contemplar las características particulares de cada adolescente y su contexto familiar y social.

“El sistema penal juvenil no apunta a castigar, sino a resocializar, a que el adolescente se haga responsable y pueda reintegrarse a la sociedad”, sostuvo.

En ese sentido, planteó la necesidad de diseñar intervenciones específicas para cada caso.

“Desde la primera entrevista con él tenemos que buscar su traje a medida. ¿Qué significa? Saber qué necesita y cuál es la mejor solución para cada caso”, explicó.

Para Marchisio, conocer el entorno del adolescente resulta fundamental para trabajar sobre su reinserción social.

El debate sobre la aplicación del nuevo régimen

Durante la jornada también se abordó el debate generado a partir de la decisión de una jueza porteña que declaró inconstitucional la aplicación del nuevo régimen penal juvenil.

Marchisio consideró que parte de esas discusiones podrían abordarse mediante criterios claros de política criminal por parte del Ministerio Público Fiscal.

Como ejemplo mencionó el caso de Entre Ríos, donde la Procuración General aprobó un protocolo específico para la actuación penal juvenil.

Entre otras cuestiones, el protocolo diferencia las intervenciones según las edades —de 14 a 16 años y de 16 a 18— y establece pautas para la aplicación de criterios de oportunidad en determinados delitos.

El criterio de oportunidad es la facultad legal que permite al Ministerio Público Fiscal no iniciar, suspender, interrumpir o prescindir de la persecución penal en determinadas circunstancias.

La jornada permitió así analizar los principales desafíos que plantea la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y el rol que tendrán los distintos actores del sistema judicial en su aplicación.